Al menos 22 activistas, un periodista y un juez fueron asesinados durante los primeros 75 días del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, según un informe de grupos pro derechos humanos presentado hoy en Washington. El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento, que se basa en los datos de una plataforma que reúne a cerca de 200 organizaciones pro derechos humanos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEEU).
En concreto, el informe detalla la muerte de cinco activistas defensores de las tierras, siete líderes indígenas, una defensora de los derechos humanos, cinco sindicalistas, dos mujeres educadoras comunitarias y dos miembros de organizaciones de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT).
Además da cuenta de los homicidios del juez Pedro Elias Ballesteros Rojas y del periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indígena.
Otro caso documentado es el asesinato de tres niños en el Municipio de Tame del 14 de octubre que, según las organizaciones, fue perpetrado por miembros del batallón de contraguerrillas número 45, adscrito a la Brigada Móvil número 5 de la octava división del Ejército Nacional.
Igualmente se exponen amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros a lo largo de las 21 páginas del informe titulado "Las palabras y los hechos. Los primeros 75 días del Gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de los derechos humanos".
Santos asumió la Presidencia de Colombia en 7 de agosto de 2010.
Tras una audiencia de la CIDH, que celebra estos días el 140 período de sesiones, María Victoria Fallon, de GIDH, dijo que el informe pretende demostrar que existe una "continuidad con otro lenguaje" entre el Gobierno actual y el anterior de Álvaro Uribe en cuanto a la situación de derechos humanos.
"Puede haber un cambio de estilo, pero tiene que verse en la práctica", señaló Fallon, quien insistió en que los datos son un "subregistro", en alusión a que podría haber más muertes no documentadas.
En la audiencia, Fallon pidió a los comisionados de la CIDH una visita a Colombia para evaluar la situación denunciada.
Además aseguró que los grupos pro derechos humanos necesitan el "apoyo" de la comisión para que se avance en el trabajo para una política de atención y reparación de daños a víctimas.
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